El Ministerio de Salud fijó por resolución un marco técnico único para la atención del TEA en todo el país. Qué cambia en la práctica y qué sigue dependiendo de las leyes vigentes.

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El Ministerio de Salud de la Nación oficializó, a través de la Resolución 1115/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA). La norma entró en vigencia de forma inmediata y quedó a cargo de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

A diferencia de una ley, el Plan no crea derechos nuevos: ordena y estandariza cómo el sistema de salud —público y privado— debe detectar, diagnosticar, tratar y acompañar a las personas con TEA. Es, en otras palabras, la "letra chica" operativa de una normativa que ya existía.

El Plan no nace de cero. Se apoya en la Ley 27.043, que en 2015 declaró de interés nacional el abordaje integral del autismo, y en su Decreto Reglamentario 777/2019, que define al TEA desde una perspectiva del neurodesarrollo. También recoge el Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento de Personas con TEA aprobado en 2019. Lo novedoso de la Resolución 1115/2026 es que convierte esos antecedentes en una hoja de ruta con objetivos, plazos de evaluación y responsables concretos.

Seis ejes, un mismo objetivo

La resolución organiza la política en seis líneas de trabajo:

• Promoción y prevención.

• Formación y capacitación de los equipos de salud.

• Apoyo a las personas con TEA y sus familias.

• Investigación, innovación y sistemas de información.

• Coordinación entre jurisdicciones y sectores.

• Diagnóstico epidemiológico.

Cada eje deberá contar con indicadores propios de proceso y resultado, que la autoridad sanitaria usará para medir avances y corregir el rumbo. En los hechos, esto habilita al Ministerio a dictar en el futuro guías, protocolos y recomendaciones complementarias, que serán las que terminen de definir buena parte del alcance práctico del Plan.

Lo que le importa a las familias: la continuidad de cuidados

Desde lo jurídico, el punto más relevante no es el diagnóstico sino lo que viene después. El Plan pone el foco en el primer nivel de atención —el lugar donde primero se detectan las señales— y prevé incorporar herramientas de pesquisa del desarrollo infantil para anticipar la derivación. Pero además reconoce expresamente algo que las familias reclaman hace años: que el acompañamiento no termina con el diagnóstico. Contempla apoyo psicológico para padres y cuidadores, articulación entre salud, educación y otros sectores, y el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios.

La propia resolución aclara que su implementación no implicará una partida presupuestaria adicional: el Plan deberá ejecutarse con los recursos y programas ya existentes. Esto no le quita valor a la medida, pero sí marca un límite realista sobre los tiempos y la profundidad con que podrá aplicarse en cada jurisdicción.

¿Y las obligaciones de obras sociales y prepagas?

El Plan es una política del sistema público de salud y funciona como marco de referencia para todas las jurisdicciones. No modifica, sin embargo, las obligaciones de cobertura que la Ley 27.043, la Ley 24.901 y el resto del marco vigente ya imponen a obras sociales, prepagas y efectores públicos respecto de las prestaciones para personas con TEA. Ante una negativa o demora en el acceso a diagnóstico, terapias o tratamientos, esas leyes —y no el nuevo Plan— siguen siendo la principal herramienta para reclamar.

Desde nuestro estudio seguimos de cerca la implementación de esta política y de las guías técnicas que se vayan publicando, para asesorar a las familias sobre cómo impactan en sus derechos concretos.